Tras la aprobación de una nueva ley, operar en China será más difícil para las ONG extranjeras.
El pasado jueves, las autoridades de Beijing sancionaron una nueva ley para las ONG en el país. Las más de 7.000 organizaciones que operan en el territorio nacional estarán sujetas a una estricta vigilancia policial, y deberán declarar sus fuentes de financiamiento.
A pesar de que aún no se han divulgado los detalles de la controvertida regulación, una versión anterior del documento indica que a las organizaciones se les prohibirá participar en actividades políticas que dañen los intereses nacionales, y que todas deberán registrarse con las autoridades pertinentes.
La Ley sobre Actividades Domésticas de ONG Extranjeras en China, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2017, exige que todas las entidades foráneas se registren con las autoridades policiales y no con el Ministerio de Asuntos Civiles, donde se registran las empresas locales. También exige que las ONG se asocien con una organización china.
“El gobierno está dejando claro que solamente será tolerado el trabajo sancionado por el Estado”, le dijo Sophie Richardson, directora de China en Human Rights Watch, a The Guardian.
Según la agencia estatal Xinhua, uno de los principales cambios en la última reforma fue ampliar las categorías sujetas a las regulaciones. Entidades tales como “fundaciones, grupos sociales, o think tanks” también tendrán que ajustarse a las nuevas políticas de Beijing.
“Esta ley autoriza a la policía a convocar a representantes de las ONG, detener sus eventos temporales y declarar a los infractores como persona no grata”, explicó Guo Linmao, alto funcionario de la Asamblea Popular Nacional, en rueda de prensa. “Pero la condición previa para este tipo de acciones es el descubrimiento de actividades ilegales sospechosas".
La ley también otorga algunos beneficios como permitir que las ONG tengan más de una oficina en el país, y extender el tiempo límite de permanencia a más de cinco años. “Le damos la bienvenida y apoyamos a todas las ONG extranjeras que quieran venir a China para llevar a cabo intercambios amistosos”, señaló Guo.
Beijing dice que las organizaciones extranjeras han operado durante mucho tiempo en un ambiente no regulado, y que la ley debió haber sido sancionada hace tiempo. Sin embargo, gobiernos extranjeros y activistas de derechos humanos se han mostrado escépticos y señalan que la regulación solo servirá para apretar aún más a la sociedad civil en China.
“La nueva ley tendrá consecuencias severas para la libertad de expresión, la agrupación pacifica, y la asociación, que ya son amenazadas bajo las leyes y políticas existentes”, dijo Amnistía Internacional.
Es probable que muchas organizaciones cambien sus programas y eliminen actividades que puedan ser consideradas sensibles por el Partido Comunista. Sin embargo, no será fácil para grupos involucrados con derechos de los trabajadores, igualdad étnica y libertad religiosa obtener la aprobación necesaria para operar.
Pero la nueva ley no fue una sorpresa; el gobierno ya había atentado contra las ONG este año. En enero, Peter Dahlin, un activista sueco de derechos humanos, fue acusado de “deteriorar la seguridad nacional” y detenido durante tres semanas antes de ser deportado a su país. Dahlin apareció en televisión nacional pidiendo disculpas por su comportamiento, no obstante, su organización manifestó que se trataba de una confesión forzada.
[Crédito foto: Dave Simonds]
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