Apenas un par de semanas antes de que comenzara la transición de poder en China, el New York Times publicaba una explosiva investigación que concluía que la familia extendida del primer ministro Wen Jiabao tenía un patrimonio familiar que ascendía a unos 2.700 millones de dólares. Si bien es común que cada cierto tiempo salen a la luz pública casos de nepotismo, tráfico de influencias y corrupción que ponen en aprieto a altas autoridades del Partido Comunista, el problema tiene relación con algo mucho más profundo: la enorme relación e interdependencia entre alta política y la economía en China.
Para entender este fenómeno, es necesario remitirse a la transición que comenzó a vivir China en la década del setenta y a los enormes cambios que en ese tiempo comenzó a impulsar Deng Xiaoping. Con la llegada de este nuevo líder al poder, “el pragmatismo, se abrió paso entre la exacerbación ideológica para consolidar un nuevo proyecto de país en el cual habría una apertura no solamente desde el punto de vista económico, sino también político social”, señala Miguel Ángel Hidalgo Martínez.
“Deng Xiaoping encaró el déficit de legitimidad que heredó el mandato tras los catastróficos accidentes de los años anteriores; ante esto la única alternativa viable era la transformación de la economía a través de un manejo prudente y moderado en el terreno político”, añade.
Es entonces a partir del período de “reforma y apertura” (改革开放) iniciado por Deng, que los procesos económicos se convertirán en el objetivo fundamental del PCC, dándose inicio a un “matrimonio” inseparable entre política y economía. Este fenómeno fue fuertemente reforzado con la llegada al poder de Jiang Zemin, quien gobernó China entre los años 1989 y 2002, y quien fue de la idea de permitir la incorporación de las elites económicas al Partido Comunista.
De esta forma, se consolidaba la correlación entre la clase política y económica china, dándose inicio a un período caracterizado por el surgimiento de cientos de compañías estatales, que comenzarían a controlar de forma monopólica áreas claves de la economía china como recursos naturales, transporte, telecomunicaciones, energía, infraestructura o aeronáutica.
El surgimiento desmesurado de empresas estatales llevó a otorgarles innumerables beneficios en desmedro de las inversiones privadas. Según lo ha señalado Businessweek, alrededor de 100 mil compañías de propiedad y controladas por el Estado usan su estatus especial y privilegiado acceso al crédito, tierras y energía para convertirse en entes aún más poderosos.
“Las compañías deben ser chinas para calificar y generalmente se prefiere a empresas estatales. A mayor abundamiento, sólo se tiene acceso a financiamiento cuando los proyectos forman parte de la estrategia de internacionalización del gobierno”, señala a su vez la prestigiosa revista económica Caixin, al referirse a la gran arbitrariedad existente a la hora de tener acceso al crédito (de divisas).
Este excesivo empoderamiento de las empresas de propiedad del Estado, ha sido un fenómeno fuertemente percibido a nivel mundial, a tal punto que este año 73 empresas chinas lograron posicionarse en el ranking elaborado por Fortune de las 500 compañías más grandes a nivel global, siendo la gran mayoría de ellas empresas fiscales, como Sinopec, China National Petroleum y State Grid.
La inversión extranjera directa (IED) en América Latina también ha sido testigo de lo anterior. El 93% de las inversiones chinas en Brasil el año 2010 fue llevado a cabo por empresas estatales, el 6% por empresas que provenían de provincias y sólo el 1% por empresas privada, reveló un estudio realizado por el China-Brazil Business Council (CBBC).
Si bien este fenómeno ha sido objeto de fuertes críticas por diversos actores -principalmente debido a la falta de eficiencia de este tipo de empresas, la menor capacidad de innovación de las mismas y la enorme corrupción dentro de ellas-, es improbable que dentro del corto tiempo se produzca un considerable cambio del paradigma.
Al fin y al cabo, esta estructura permite al PCC no sólo tener el control del poder político y manejar directamente a las empresas en las industrias claves del país, sino que además constituye una valiosísima fuente de recursos para las redes personales de cada miembro del Partido, como lo ha demostrado la participación de muchos familiares en la dirección de las mayores empresas del país.
Pero el mayor acceso a la información ofrecido por Internet a los ciudadanos chinos (acompañado por el relativo anonimato en las redes sociales), sumado al sensible ambiente que se vive en el país producto de la transición política, ha hecho que el gobierno se encuentre con cierta sensibilidad a la hora de responder a este tipo de críticas.
Ejemplo de ello ha sido el catálogo de reformas económicas que sugirió hace dos semanas Caixin, la revista independiente que lidera la incisiva periodista Hu Shuli, incluyendo la necesidad de terminar con el monopolio de las empresas estatales, la urgencia de reformarlas y la demanda de restringir la excesiva participación de los gobiernos locales en la actividades económicas.
La demanda por terminar con esta excesiva interdependencia entre política y negocios en China no es sino un requerimiento por parte de su población de lograr una “democratización” al interior del PCC, de exigir mayor transparencia en los distintos procesos de la nación, y en definitiva, un llamado a instaurar un sistema meritocrático que ponga término a las cada vez más abismales brechas sociales existentes.
Ignacio Tornero Ochagavía es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ex alumno de la Universidad de Nanjing en China.