Desde hace cinco años era visto por casi la mitad de los 94 millones de habitantes de la provincia de Henan, la tercera provincia más poblada de China. Todos los domingos la popular presentadora Ding Yu entrevistaba a un nuevo personaje sobre sus vidas. ¿Qué tenían de particular? Como lo dice el propio título del programa, eran “Entrevistas antes de la ejecución” y sus protagonistas eran todos condenados a muerte por uno de los 55 crímenes castigables con la pena máxima. Pero el popular programa televisivo acaba de ser cancelado, después de la atención mediática que ha despertado en las últimas semanas y de las preocupaciones de altos funcionarios provinciales de que perjudicara la imagen de China.
Aunque la primera impresión es que se trataba de televisión sensacionalista -que no falta en ningún país, desde Laura Bozzo hasta Jerry Springer- este programa tenía la peculiaridad de que fue autorizado por el gobierno. Era la única manera de tener acceso a las cárceles de máxima seguridad y a los condenados a muerte, a quienes por lo general no se les permite el contacto con periodistas.
A pesar de las críticas, para sus productores el programa cumplía un objetivo pedagógico. Cada emisión comenzaba con un llamado al “despertar de la naturaleza humana” y de los “valores de la vida”. Es decir, servía como advertencia a otros.
O, como reza una de las máximas que tanto le gustaba recitar a Mao, hay que “matar a la gallina para asustar a los monos” en un país que es, de lejos y con unos 4.000 casos anuales, el mayor creyente en la pena de muerte en el mundo.
Beijing sostiene, sin embargo, que se encuentra en proceso de reformar a legislación sobre la pena de muerte. El año pasado el gobierno chino eliminó la pena capital para 13 tipos de “ofensas económicas no violentas”, casi una quinta parte del total. Entre los crímenes que ya no son punibles con la pena máxima figuran el fraude fiscal, el contrabando de reliquias culturales, el saqueo de tumbas y el robo de fósiles.
El gobierno chino no publica las estadísticas sobre la pena de muerte por considerarlas un “secreto de Estado”, pero las organizaciones de derechos humanos calculan que Beijing podría superar el número de ejecuciones de todos los demás países juntos. La Fundación Dui Hua, una ONG estadounidense que monitorea la justicia china, estima que el número de ejecuciones se ha reducido de 8.000 a 4.000 en cuatro años. Amnistía Internacional se niega a publicar un estimativo oficial debido a la dificultad para documentar los casos.