“Debemos reconocer que la mayor amenaza para el partido gobernante hoy es la corrupción”, que prospera debido a la “concentración excesiva del poder y la ausencia de una supervisión eficaz”, escribía el primer ministro Wen Jiabao en una revista gubernamental en marzo. Y Beijing comienza a admitir públicamente la magnitud del problema: un informe reciente del Banco Central Chino estimaba que 18 mil funcionarios han huido del país en los últimos 15 años, llevando consigo una fortuna cercana a los 125.000 millones de dólares, equivalente a un 1,4 % del PIB anual chino. Hasta ahora las mayores protestas en China han estado asociadas a disputas laborales, a la confiscación de tierras y a problemas de salud pública, pero rápidamente la corrupción se ha ido perfilando como uno de los principales motivos de descontento popular. China Files conversó con Deng Xiaogang, sociólogo de la Universidad de Massachusetts especializado en corrupción.
¿Cree que la falta de divisiones claras en la cima del sistema político-económico chino (gobierno y empresas estatales) fomenta la corrupción? ¿O la transparencia económica no es necesariamente una de las mayores fuentes de corrupción?
El dominio del Partido Comunista se puede ver en todos los niveles de la sociedad china. El Partido tiene la voz final sobre la regla de la ley y mantiene una amplia gestión de las actividades económicas. Les concede excesivos recursos, sin importar su eficiencia económica, para asegurar que puedan dominar o monopolizar el mercado en sectores claves de la economía nacional.
Es difícil para las empresas privadas competir porque el Estado controla los recursos más importantes como materias primas, transporte y préstamos, que son controlados con rigor por funcionarios del Partido. Las empresas privadas deben sobornar a los funcionarios para obtener recursos necesarios que les permiten generar los ingresos para sobrevivir. De este modo, hay un ambiente estructural que hace fácil que los funcionarios abusen del poder para lucrarse personalmente.
Por supuesto, el monopolio del Partido elimina cualquier competencia de organismos independientes que le puedan vigilar. Asimismo, el control total de la prensa le hace imposible proyectar una imagen negativa del Partido. La corrupción es un asunto complejo y la transparencia económica difícilmente ocurrirá en el actual sistema político. Y aún si se lograra una transparencia económica, la corrupción probablemente seguirá existiendo por la concentración del poder.
La corrupción se ha convertido en uno de los mayores factores de descontento popular entre los ciudadanos, ventilada en las redes sociales gracias al relativo anonimato de Internet. ¿Puede este tipo de “vigilancia ciudadana” ayudar a que el gobierno la enfrente de manera más firme?
La insatisfacción de los ciudadanos chinos con los funcionarios corruptos es ampliamente conocida. Esto es especialmente cierto con los ciudadanos comunes sin poder y los empresarios privados que deben pagar precios exorbitantes para operar con tranquilidad. Es posible que si el gobierno maneja mal un suceso mayor que hiera la sensibilidad pública o afecte su vida cotidiana, ocurran protestas masivas. Ya a nivel local hemos visto un incremento en el número de protestas contra funcionarios. Y si a esto se sumara una desaceleración del motor económico chino y los empleos de la juventud educada se vieran amenazados, el descontento aumentaría.
Por otro lado, el gobierno central conoce bien su vulnerabilidad. Por eso ha invertido una suma sustancial en mantener la estabilidad política -wei wen- para reducir el potencial descontento popular.
Cree que la corrupción en todas las esferas de gobierno se podría reducir con mayor transparencia económica?
Depende de qué tipo de transparencia hablamos. Si hablamos de transparencia del mercado, de productos, de capital, de precios o de recursos, el problema no es la fuerza del mercado solo sino la mano del Estado que los controla. Si hablamos de transparencia en el gasto público y en los activos de los funcionarios el asunto podría ser interesante. Ha habido muchas demandas para que los funcionarios divulguen sus activos y fortunas a la sociedad. Muchos líderes reformistas han pedido durante años que las declaraciones juradas de los funcionarios sean públicas, pero se han encontrado con una enorme resistencia.
Por ejemplo, en Estados Unidos tanto el presidente Obama como su contrincante, Mitt Romney, han divulgado sus declaraciones de impuestos. Estas declaraciones juradas reflejan la realidad o al menos aproximadamente. En China sería poco probable que los oficiales altos dejaran al público conocer sus activos personales y de todos modos encontrarían maneras de camuflarlos, de manera que la efectividad de la medida podría ser baja para reducir la corrupción. Pero es posible que la transparencia económica tenga un efecto sobre la transparencia política o viceversa.
Desde un punto de vista empírico, sería interesante buscar y utilizar información para examinarlo. Por ejemplo, un equipo de investigadores chinos publicó hace poco su estudio en el que miraban casos criminales y civiles para ver si los abogados defensores tenían algún tipo de incidencia en la decisión final. Lo que encontraron en su análisis de datos es que los abogados defensores raras veces podían cuestionar al juez y que había una interferencia significativa de funcionarios públicos en la aplicación de la justicia.