Taiwán es uno de los países que mantiene la ejecución capital. Alrededor del 76% de la población se opone a su abolición. Entre 10 y 20 personas son ejecutadas cada año en la isla aunque organizaciones pro-abolicionistas denuncian pocas garantías procesales que han llevado a gravísimos errores con resultados fatales. Expertos europeos visitarán Taiwán a finales del invierno para comprobar sus avances en materia de Derechos Humanos.
Taiwán es uno de los países que mantiene la ejecución capital. Alrededor del 76% de la población se opone a su abolición. Entre 10 y 20 personas son ejecutadas cada año en la isla aunque organizaciones pro-abolicionistas denuncian pocas garantías procesales que han llevado a gravísimos errores con resultados fatales. Expertos europeos visitarán Taiwán a finales del invierno para comprobar sus avances en materia de Derechos Humanos. Pues bien, tras esta aclaración y como les decía, en Taiwán se mantiene la ejecución capital, tanto en el Código Penal Civil como en el Código Penal Militar. En los últimos dos meses, esta espinosa cuestión ha aparecido varias veces en los medios de comunicación de la isla, sobre todo a raíz del asesinato de un niño de 11 años en la ciudad sureña de Tainan el pasado 1 de diciembre de 2012. El asesino confeso declaró que su acción tenía como objetivo pasarse el resto de su vida en la cárcel comiendo gratis y sin tener que trabajar, y añadió que como ya no se ejecuta a nadie en Taiwán, mataría a cuantas personas fueran necesarias para conseguir su objetivo sin peligro de ser condenado a muerte.
Este caso encendió los ánimos de la población que en mayor o menor medida exigió la condena a muerte de este subhumano. Inmediatamente, el debate sobre la ejecución capital pareció ponerse sobre la mesa de discusión. Sin embargo, a pesar de la vorágine de informaciones en los medios de comunicación acerca del asesino de Tainan, los periódicos y revistas a penas sí publicaron piezas de opinión sobre el asunto. La razón quizás sea que alrededor del 76% de la población taiwanesa se manifiesta en contra de la abolición de la ejecución capital. Según cifras de la Academia Sínica, desde 1996 hasta el año 2006, la opinión pública sobre este asunto no ha variado demasiado y el porcentaje de abolicionistas se mueve entre un 15% y un 25%. Una encuesta del año 2012 llevada a cabo por el Ministerio de Justicia daba como resultado precisamente esta cifra de 76% de ciudadanos taiwaneses en contra de la abolición.
Desde el gobierno se ha reiterado por activa y por pasiva que mientras no haya consenso amplio sobre esta cuestión no se plantearán en serio la abolición y como mucho recomendarán a jueces y fiscales extrema cautela a la hora de emitir sentencias condenatorias a muerte. Ante algunas críticas de organizaciones en defensa de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional o la misma Unión Europea, el Ministerio de Justicia se defendió asegurando que los procesos judiciales de Taiwán se llevan a cabo respetando escrupulosamente los principios y reglas del derecho procesal y la seguridad jurídica de los acusados.
La semana pasada les comentábamos que Taiwán había recibido las más altas puntuaciones en cuestiones de libertad, democracia y Derechos Humanos por parte de Freedom House; sin embargo, según la Unión Europea, a Taiwán aun le queda mucho camino que recorrer para considerarse un país plenamente respetuoso con los derechos humanos. Concretamente, el pasado viernes día 25 de enero, el director adjunto del Departamento de Asuntos Exteriores de la UE, George Cunningham, denunció que el 21 de diciembre de 2012, seis personas fueron ejecutadas (curiosamente el día del fin del mundo según los mayas), lo que según él despertó la crítica de numerosas organizaciones internacionales y recordó que la UE, a través de su más alta representante para relaciones exteriores, Catherine Ashton, emitió un comunicado de condena. De hecho Taiwán está esperando que en los meses de febrero o marzo aterricen en la isla dos expertos en Derechos Humanos, procedentes precisamente de Europa, para comprobar los avances de Taiwán en esta materia.
Por otra parte, la defensa que el Ministerio de Justicia de Taiwán hace de sus garantías procesales se ve contradicha por varios casos de errores flagrantes en la ejecución de supuestos asesinos. Uno de los casos más terribles fue el de Chiang Kuo-ching, un militar de 21 años acusado de violar y asesinar a una niña de 5 años. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1997 con la única prueba de su confesión, que después se descubrió haber sido forzada mediante torturas. La familia batalló durante años hasta que en 2010 consiguió que se reabriera el caso. Pruebas de ADN, no realizadas en su día, confirmaron su inocencia y el gravísimo error que cometieron los jueces. El actual presidente de la isla, Ma Ying-jeou, que en aquel año fatídico para la familia de Chiang, era ministro de Justicia, hubo de pedir perdón públicamente a los familiares del ejecutado.
Chang Chuan-fen, miembro del comité ejecutivo de la Alianza Taiwanesa para la Abolición de la Pena de Muerte, señala que algunas prácticas de la época de la Ley Marcial aún siguen llevándose a cabo entre los cuerpos policiales taiwaneses, y en numerosas ocasiones no se procede a realizar pruebas de ADN o huellas dactilares. Tanto organizaciones de este tipo como la UE descartan el argumento de las autoridades taiwanesas de que la población apoya de forma abrumadora la pena de muerte; “materias tan graves no deben dejarse al ánimo cambiante del vulgo”, parece que vienen a decir los impolutos noreuropeos. Algo parecido dijeron cuando Papandreu, primer ministro griego en 2011, sugirió que celebraría un referéndum para dejar que el pueblo decidiera democráticamente si le hacían un corte de mangas a Alemania o si se sometían a sus draconianas condiciones económicas. Es lo bonito de la democracia, que en manos apropiadas, se vuelve tan dúctil como la plastilina.
A pesar de todas las objeciones que la Europa Feliz hace de Taiwán, aquí se siguen ejecutando entre 10 y 20 personas al año, y dada la posición del gobierno y el mayoritario apoyo de la población local, podemos proyectar que esta tendencia seguirá en el futuro próximo, y es por ello que sería conveniente que el mundo jurídico taiwanés se aplicase a reformar el sistema de garantías legales que eviten errores fatales como el de Chiang Kuo-ching. Por otra parte, sin meternos a apoyar o denigrar la ejecución capital (eso lo dejo para otros foros), y atendiendo a cuestiones puramente estéticas, desde esta columna pecadora se sugiere al gobierno taiwanés que cambie su procedimiento ejecutorio. En la actualidad, a los condenados se los ejecuta en un día indeterminado que ni el acusado ni el público conocen. Puede ser cualquier día. El preso es conducido al lugar de la ejecución y se lo coloca en el suelo en posición de decúbito prono. Si el preso dona sus órganos se le dispara un tiro en la cabeza; si no los dona, se le dispara en el corazón. Esto podría cambiarse, alegando razones estéticas, por una buena hoguera pública, el garrote vil o mi preferido: paseíllo y fusilamiento al amanecer. Probablemente seguiría despertando las iras de la UE y organizaciones afines, pero, ¡ay!, ganaría en vistosidad.
*Iker Izquierdo es un periodista español basado en Taipei. Acá puedes leer la presentación a su blog "En los límites del imperio".
Palacio Presidencial Taipéi Foto de Dood Lu.