– Beijing refuerza su control sobre ONG extranjeras
– Obreros: prohibido amenazar con suicidio
– Periodista se fuga de Hong Kong
– Pyongyang condena otro estadunidense a trabajo forzado
– Indonesia se prepara para la vuelta del verdugo Beijing refuerza su control sobre ONG extranjeras
El nuevo reglamento que impone mayor control sobre las finanzas y las actividades de las organizaciones no gubernamentales extranjeras fue aprobado por la Asamblea Nacional Popular. La nueva ley, que entrará en vigor a partir enero de 2017, pone a las ONG extranjeras bajo el lente de la policía, obligándolas a registrarse en el Ministerio de Seguridad Pública. La maniobra es considerada como una intento para evitar posibles amenazas al control gubernamental.
La prensa estatal, en contraste con los medios occidentales, enfocó su atención en las simplificaciones normativas y el aflojamiento de ciertos procedimientos, como la posibilidad de abrir más de una sede en el país, y la extensión de las licencias por encima del límite actual de cinco años.
Sin embargo, el reglamento es visto como un instrumento para dificultar el funcionamiento de organizaciones que defienden los derechos humanos y civiles. Es la enésima medida introducida en los últimos tres años, desde el comienzo de la administración Xi.
Obreros: prohibido amenazar con suicidio
El suicidio es una de las amenazas que utilizan los obreros para presionar a los empleadores en las luchas salariales. No obstante, en Zhengzhou, provincia de Henan, esto ya no será posible. Las autoridades prohibieron a los trabajadores protestar con amenazas de suicidio, y manifestaron que se aplicaría el camino de los tribunales para los delincuentes.
Los casos de obreros que se han subido a andamios y grúas y amenazado con quitarse la vida durante disputas salariales con la administración de sus empresas han aumentado. La medida puede ser interpretada también como una respuesta a la proliferación de protestas de trabajadores. Al mismo tiempo, el gobierno se ha comprometido con adoptar medidas para evitar que los trabajadores se queden sin pago, por ejemplo la instauración de una cuenta especial aprobada por el gobierno que funcione como fondo salarial.
Periodista se fuga de Hong Kong
El caso de los cinco libreros de Hong Kong que desaparecieron en los últimos meses sigue teniendo consecuencias. Andrei Chang, periodista sino-canadiense especializado en defensa, decidió abandonar la ex colonia británica y huir a Japón porque ya no se sentía seguro. Sus reportajes tratan sobre temas sensibles y según él, el caso de los libreros, algunos con doble nacionalidad, demuestra que un pasaporte occidental no es ninguna garantía contra el “secuestro” de las autoridades chinas en Hong Kong, a pesar de que en la isla, teóricamente, el gobierno de Beijing no tiene jurisdicción.
Chang, editor de Kanwa Asia Defense, construyó su carrera con artículos sobre el Ejército Popular de Liberación, investigando la corrupción tanto en el órgano militar como en las figuras más prominentes del gobierno, incluido el presidente Xi Jinping. Los libreros de Hong Kong, que publicaron escándalos amarillistas sobre los altos funcionarios del Partido, actualmente están siendo investigados por las autoridades de China continental.
Pyongyang condena otro estadunidense a trabajo forzado
El régimen norcoreano condenó a un ciudadano estadounidense de origen coreano a diez años de trabajo forzado, luego de haber sido detenido en octubre y acusado de espionaje. La sentencia ocurre una semana antes del congreso del Partido de los Trabajadores, y durante la escalada de tensiones en la península por las constantes provocaciones del régimen de Kim Jong-un, que la semana pasada volvió a probar (sin éxito) un misil de medio alcance.
Kim Dong-chul, de 62 años de edad, confesó frente a periodistas haber sido pagado por los servicios de inteligencia de Corea del Sur para entrar al Norte. Es la segunda condena de un estadounidense en el país ermitaño en los últimos meses. En marzo, Otto Frederick Warmbier fue condenado a 15 años de reclusión por haber intentado robar una consigna propagandística, un gesto considerado como “un crimen contra el estado”.
Indonesia se prepara para la vuelta del verdugo
En las semanas que vienen el pelotón de fusilamiento indonesio volverá a entrar en acción. Entre los detenidos que enfrentarán al verdugo posiblemente estará Lindsay Sandiford, la mujer británica condenada por tráfico de drogas, en un caso que no se ha esclarecido aún.
El gobierno de Jakarta fue criticado por la ONU por las penas de muerte a los traficantes, consideradas una violación del derecho internacional. Existe cada día más apoyo para enfrentar el tema de la adicción a las drogas desde un aspecto sanitario y de prevención, y no a través de la represión.
El año pasado, Jakarta tuvo un conflicto diplomático con Canberra tras la ejecución de dos ciudadanos australianos. Sin embargo, el presidente Joko Widodo no parece dar su brazo a torcer. Durante una cumbre bilateral con Angela Merkel, Widodo defendió la pena capital definiendo la droga como una emergencia nacional.
[Crédito foto: APD News]