Varios países y organizaciones de derechos humanos se mostraron indignados después de que el gobierno de Tailandia decidiera deportar a más de 100 uigures, señalando que en China serían perseguidos y abusados.
Encapuchados y bajo extrema vigilancia. Así fue el vuelo de varias horas que vivieron alrededor de 100 uigures después de que el gobierno de Tailandia tomara la decisión de deportarlos de vuelta a China el pasado 9 de julio. El sábado, un funcionario del gobierno chino explicó que eran "inmigrantes ilegales" que buscaban enlistarse en las filas de algún grupo radical en Siria, Turquía o Irak para "unirse a la yihad". Según el ministerio de Seguridad Pública, 13 de ellos habían participado en actividades terroristas y dos eran prófugos de la justicia.
Sin embargo, ante la falta de pruebas y el hecho de que los miembros de la minoría musulmana, que habita la región autónoma de Xinjiang, al occidente de China, podrían estar sujetos a persecución y abuso por parte de las autoridades locales, varios países y organizaciones de derechos humanos condenaron la decisión del gobierno tailandés.
“Mientras buscamos que aclaren qué pasó exactamente, estamos consternados por la deportación de unas 100 personas”, dijo Volker Türk, director de protección internacional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado de prensa en su pagina oficial: “Hacemos un fuerte llamado al gobierno de Tailandia, y a todos los gobiernos de los países donde los uigures hayan buscado asilo, de no llevar a cabo futuras deportaciones forzadas de la minoría uigur”.
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno chino declaró los movimientos políticos uigures como terroristas, varios de los cuales predican el deseo de establecer el estado independiente de Turkestán Oriental. En junio de 2004, el ex presidente Hu Jintao dijo públicamente que China debía “combatir los tres males: separatismo, extremismo, y terrorismo”.
Dicho anuncio no fue tomado a la ligera y desde entonces los separatistas uigures han sido tildados de “extremistas religiosos” y acusados de ser los responsables en decenas de incidentes violentos que se han desatado en la región de Xinjiang y en otras provincias de China entre la etnia uigur y la etnia han, mayoritaria en el país.
Sin embargo, no son solo los radicales quienes han sido perseguidos por el gobierno. A finales del 2014, las autoridades de Urumqi, capital de Xinjiang, prohibieron el uso de burkas en público y en agosto del mismo año, durante la celebración de los Juegos Deportivos de Xinjiang, se prohibió que las personas que lucieran velos, barbas largas o ciertos atuendos típicos, especialmente con la estrella o la luna creciente musulmana, montaran buses públicos.
“Lo que nos dice esta prohibición en los buses es que los uigures en China tienen menos derechos que otros ciudadanos, incluso en su tierra natal”, dijo Alim Seytoff, presidente de la Asociación Uigur Americana, en un comunicado. “Esto es una luz verde para la discriminación por parte de la etnia Han”.
Hace pocos días, Turquía, que desde la década de 1950 ha apoyado y brindado asilo político a los uigures, envió una carta diplomática a Pekín expresando preocupación frente a varios informes que acusaban a las autoridades locales de no permitirle a la etnia musulmana rezar ni ayunar durante la celebración sagrada del Ramadán.
Ante el llamado hecho por el gobierno de Erdogan, Pekín negó cualquier acusación y aseguró que las prácticas religiosas, necesidades y costumbres de los uigures, son “comprendidas, respetadas y protegidas”.
[Crédito foto: straitstimes.com] También puedes leer:
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