Guangdong, el centro económico e industrial de China, está ve constantemente sacudido por huelgas y protestas a causa de la tenencia de la tierra. Las autoridades se están planteando preguntas estructurales sobre la gestión política de estos temas y la resolución de conflictos. Wukan es un vago recuerdo: hasta que la estabilidad no sea compatible con la ley, no será sostenible en el tiempo.
En busca de la estabilidad. Así titulaba la semana pasada la revista de investigación Caixin, la más prestigiosa de China, denunciando que varios funcionarios de la administración se quejaban de que la rica provincia sureña de Guangdong se faltaban fondos para apaciguar el creciente número de protestas en la región.
Las más recientes están en marcha. El martes, antes del amanecer cientos de policías armados se enfrentaron con una multitud reunida en Zuotan, un distrito de la ciudad de Foshan. El balance de la revuelta fue de algunos heridos y autos de policía volcados. Miles de manifestantes querían discutir con el secretario del Partido en la aldea la venta de tierras comunales a promotores inmobiliarios.
Al mismo tiempo, en el distrito de Shaxi en la ciudad de Zhongshan -a menos de un centenar de kilómetros de distancia- otro centenar de personas protestaban. El número es incierto aún, al igual que en la mayoría de manifestaciones en China ya que buena parte de quienes protestan son trabajadores inmigrantes que llegan desde las ciudades vecinas como Guangzhou, Foshan o Jiangmen, así como desde la región de Sichuan.
El balance es trágico. Al menos un centenar de heridos, tal vez algunas personas muertas, cientos de arrestos, por lo menos dos vehículos policiales destruidos y varios autos volcado, escaparates rotos y paradas de autobús destruidas. La estación de Zhongshan Fuhua estaba en llamas y se quemó un poco menos de veinticuatro horas. Parece que incluso el ayuntamiento no ha sobrevivido la lucha ileso.
La tensión aquí es diferente, por cuenta de la dialéctica entre trabajadores locales y migrantes. Parecen que fueron provocados por el arresto de un joven de catorce años de edad, hijo de trabajadores inmigrantes de Chongqing que habría golpeado a un compañero que lo chantajeaba. Primero fueron a protestar una treintena de padres, que pronto se incrementaron a 300 que se enzarzaban con la policía. Los medios de comunicación en Hong Kong, más libres, hablaban de algunos miles de personas , en su mayoría trabajadores migrantes.
Sin embargo, en la región de Guangdong se esperaba una dialéctica diferente con las autoridades. El año pasado, el secretario del Partido provincial Wang Yang -una estrella ascendente de la política china- consiguió desactivar la compleja situación en el poblado pesquero de Wukan, promoviendo de paso un nuevo credo entre los cuadros del partido en China: el conflicto debe ser resuelto de acuerdo a la ley y es obligación del gobierno (en este caso local) reducir la posibilidad de tensiones con los vecinos cuando sus planes tendrán efectos en la vida cotidiana de su distrito. Una posición que sorprendió a muchos e incluso motivó que se hablara de que en China había llegado el momento de la la democracia.
Menos de un año después de estas declaraciones, Zhu Mingguo, un alto funcionario de la misma región, anunció que cambiaban las normas relativas a la conservación del orden público. El funcionario que supervisa la oficina que maneja la policía, los fiscales y los tribunales insiste en que el gobierno local no puede ser pasivo en la gestión de conflictos.
De hecho, las nuevas directrices , aunque un poco vagas, proponen pasar del control de los "incidentes" de grupo al control de los incidentes individuales, de la gestión orientada al control de daños a una orientada al servicio. Es decir, de un control caso por caso a un método más sistemático.
En los últimos años, Guangdong se ha enfrentado a un creciente número de conflictos. Las estimaciones oficiales indican unas 1.800 protestas al año, pese a que los habitantes de Guangdong -debido a la mejoría en el bienestar social- fueron los primeros en alcanzar una cierta conciencia de sus derechos y en construir organizaciones sociales maduras.
El caso de Wukan hizo escuela. Los disturbios, que nacieron de la sospecha de que algunos cuadros del partido habían vendido hectáreas de tierra comunes a una empresa de construcción y amplificados por la muerte bajo custodia policial de uno de sus líderes, tuvo como resultado una victoria total de la ciudadanía y unas elecciones que han acaparado las primeras páginas de los medios de todo el mundo.
En diciembre pasado, cientos de inmigrantes tomaron las calles de Guangzhou para reclamar por los salarios de los meses que nunca recibieron. Algunos llevaban carteles que decían “páguenme el salario”. La policía, en lugar de dispersarlos, desvió el tráfico para permitirles el paso, algo muy inusual en China.
En otras ocasiones anteriores la actuación policial ha sido uno de los mayores agravantes. En la protesta masiva de Zengcheng, que dejó destrozos monumentales y ocupó los titulares internacionales hace un año, el detonante fue la agresión física de un policía a una vendedora ambulante embarazada. En ese momento el gobierno local debió enviar a miles de policías con armas de fuego y gases lacrimógenos para controlar al público. Con un número creciente de trabajadores en huelga y de protestas por la tierra, ahora la policía no tiene los recursos para mantener la calma permanente. Así que está optando por una solución de carácter social.
El año pasado llegó incluso a encomendar una investigación que determinara el origen de los conflictos sociales en la región. Pero, como en toda China, el mandato más importante sigue siendo mantener la estabilidad social, cueste lo que cueste. Y una vez más el caso de Wukan nos enseña que las soluciones son frábiles. El mismo Caixin advirtió que los contratos de venta de tierras públicas a particulares fueron paralizados sólo para calmar la revuelta, no porque se reconociese ningún problema en esta actividad.
Es la prueba clara de que si la estabilidad no es compatible con la ley, no dura. Para China, el tiempo de las reformas legales y políticas ya no se puede posponer.